SOLICITUD DE NULIDAD

Bogotá, D.C., Septiembre 25/2009
 

Señores

HONORABLES MAGISTRADOS

Corte Constitucional

Ciudad 
 

Referencia: Solicitud de Nulidad de la Sentencia C-588 del 27 de agosto de 2009. 

Honorables Magistrados: 

Yo, JAVIER ENRIQUE CACERES LEAL, identificado con cédula de ciudadanía 9.092.613 de Cartagena, en mi calidad de ciudadano colombiano y como Presidente del Congreso de la Republica, propongo incidente de nulidad contra la sentencia C-588 del 27 de agosto de 2009, con base a las siguientes consideraciones:  

De Conformidad con los previsto en el articulo 49 del Decreto 2067, “la nulidad de los procesos ante la Corte Constitucional sólo podrá ser alegado antes de proferido el fallo. Sólo las irregularidades que impliquen violación del debido proceso, podrán servir de base para que el Pleno de la Corte anule el Proceso”. 

Según lo señalado por la propia jurisprudencia de la Honorable Corte constitucional, el articulo 49 en cita “se refiere la potestad de la Sala Plena declara nulo un proceso o parte de él, cuando se detecten una violación flagrante del derecho al debido proceso. Y, tratándose de violaciones a este derecho, es posible que estas se presenten en cualquier etapa del proceso, dentro de las cuales esta incluida la sentencia. Por ello, atendiendo al principio según el cual la nulidad en un proceso sólo puede ser alegada después de ocurrida la causal, que lo genera, entonces en los casos que la novedad se ha producido en la etapa procesal de la sentencia, es decir, en el momento de la toma de la decisión, esta no puede ser alegada sino después de dicho momento”. 

Tal como ha ocurrido en el caso de la decisión adoptada en sentencia C-588 del 27 de agosto del 2009, la mayoría de la Sala Plena de la Corte Constitucional, ha incurrido en una clara vulneración del principio constitucional del debido proceso, en tanto declaro la inexequibilidad de un acto legislativo a partir del cotejo de su contenido, con el contenido del articulo 125 de la Carta y los contenidos Constitucionales, relativos a: “(i) (…) los fines del Estado (art. 2) y las finalidades de la función administrativa (art. 209); (ii) (…) los derechos de las personas, entre los que se destacan en primer término el derecho de acceder al desempeño de cargos públicos previstos en el articulo 40-7 de la Constitución y el derecho de los trabajadores a la estabilidad y demás garantías. Contempladas en el articulo 53 superior. (iii) (…) el derecho a la igualdad, particularmente como igualdad de trato y como igualdad en el punto de partida”. 

En efecto, lo anterior indica la vulneración de la regla de competencia establecida en los artículos 241-1 y 379 de la Constitución, según la cual el alcance del control de constitucionalidad ejercido sobre los actos legislativos, le otorga a la Corte Constitucional competencia para declararlos inexequibles únicamente por la configuración de vicios en el procedimiento de su formación. Lo que a su vez quiere decir que las normas constitucionales que pueden fungir como parámetro de control en estos casos, son aquellas que describen el trámite de las reformas Constitucionales con origen en el Congreso. 

En este orden, al utilizar como parámetro de control de constitucionalidad normas constitucionales cuyo contenido no describen procedimiento alguno para tramitar un acto legislativo, la Corte se ha arrogado una competencia que la Constitución expresamente vedó. Por ello, se ha configurado una causal de nulidad en el proceso de decisión de la sentencia C-588 de 2009, consiste en la falta de conformidad de las regla de competencia utilizadas al momento de la decisión, y las que la misma Constitución disponen para el control de actos reformatorios constitucionales. Esto es, que el procedimiento pre-establecido para estos casos ha sido modificado por el Juez de control de Constitucionalidad, por lo cual la decisión en cuestión debe ser anulada. 

De los Honorables Magistrados.         
 

Senador Javier Caceres Leal

Presidente del Senado de la Republica

mail : servidoresprovisionales@gmail.com